Elaborado por:
Eladio Contreras Reyes, Economista
A raíz de la victoria del Presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el pasado 19 de mayo, acompañado de una mayoría aplastante en las dos cámaras legislativas, en diversos sectores de la sociedad dominicana, especialmente vinculados a la oposición política, se abrigan ciertos temores sobre la forma en que el Presidente va a administrar ese amplio poder, emanado de las urnas.
Esos temores se mantienen por la reiterada insistencia que, desde la campaña electoral, ha mantenido el Presidente con relación a la aparente necesidad, desde su óptica, de efectuar una serie de reformas estructurales que están pendientes desde hace décadas.
Evidentemente que la reforma que más preocupa a la clase política, es la constitucional, especialmente en los temas atinentes a la modificación de todo lo relacionado a la reelección presidencial y a la designación del Ministerio Público.
Los principales partidos de la oposición, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, mantienen la opinión de que, en la Constitución vigente, aprobada en el año 2015, se establece claramente la posibilidad de una reelección y nunca más, y también, desde la Reforma Constitucional del año 2010, y la Ley No 133-11, Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 17, Principio de independencia, se establece la independencia del Ministerio Público.
Los únicos funcionarios que designa por decreto el Presidente de la República, son al Procurador General de la República y a la mitad de sus Procuradores Adjuntos, tales como el Encargado General de la Persecución de Corrupción Administrativa. El Consejo Superior del Ministerio Público es quien designa a un procurador adjunto como encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),
Después, todo el restante personal es designado por el Consejo Superior del Ministerio Público, lo que, se interpreta de que hay cierta independencia.
Hasta ahora, el Presidente Abinader ha planteado, sin que nadie se lo pregunte, de que, el período gubernamental 2024-2028 será el último, y que se irá para su casa.
En la semana del 3 al 7 de junio, el senador electo por el PRM en la Provincia La Altagracia, en un programa de radio y TV, informó que iba a proponer, en la Reforma Constitucional a llevarse a cabo, quitar la prohibición que tiene el actual Presidente, a presentarse a las elecciones del año 2028. En el encuentro que realiza el Presidente de la República todos los lunes, denominado La Semanal, el pasado lunes 10 de junio, el Primer Mandatario reiteró de que no iba a presentarse en las elecciones del año 2028, y exhortó al senador electo a que sea candidato para dicho proceso.
Es decir, cuando el Presidente Abinader dice que no se presentará más en las elecciones del año 2028 ni en ninguna más, lo que implícitamente está diciendo es que, para poder presentarse, es necesario hacer una modificación a ese aspecto que está claramente expresado en la Constitución Política vigente. Resulta que, el Presidente Abinader vuelve y reitera que, su único interés es dificultar el procedimiento constitucional de la modificación a todo lo atinente a la reelección presidencial.
¿Entonces, ante la realidad congresional que surgirá a partir del 16 de agosto, donde el PRM y Aliados tendrán la mayoría calificada para hacer las modificaciones que entiendan, sin la obligación de tener que pactar con la oposición, que se podría hacer?
En la semana del 10 al 14 de junio, dos importantes dirigentes y/o funcionarios del PRM y/o del Gobierno, han dado declaraciones que, a nuestro juicio, la oposición política, entiéndase la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, le deben tomar la palabra, por la sencilla razón de que son voceros autorizados del Presidente Abinader, del Gobierno Dominicano y del PRM.
Me refiero a que el Presidente del PRM, José Ignacio Paliza, declaró que ese partido reconoce que la Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría en las dos cámaras legislativas, es decir, que ese Partido tendrá dos (2) posiciones en Consejo Nacional de la Magistratura. La segunda declaración importante, en lo referente a la Reforma Constitucional, la ofreció en un programa de televisión, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, que es el encargado de elaborar el borrador de dicha reforma.
El Consultor Jurídico dijo claramente que, con la reforma, bajo ningún concepto, el Presidente Abinader volvería a ser candidato en las elecciones del año 2028 ni se habilitaría para que pudiera serlo más allá del 2028.
Entonces, siendo así las cosas, sobre todo en lo relativo a la matrícula de legisladores por partidos, cuando se reúnan en Asamblea Constituyente, los legisladores del PRM estarán con la mayoría necesaria para hacer lo que consideren, siempre bajo el liderazgo del Presidente Abinader, que nadie lo pone en duda.
En la actual coyuntura económica, política y social, resulta indudable que todos los sectores que gravitan en los aspectos económicos, sociales y políticos de la República Dominicana, están virtualmente compelidos a creer en la palabra y postulados del Presidente Abinader, en lo referido al alcance y límite de los cambios a la Constitución en los aspectos de la reelección presidencial y a la independencia del Ministerio Público.
En la medida de que, lo que se vaya presentando y aprobando en el Congreso Nacional se parezca a lo hasta ahora expresado reiteradamente por el Presidente Abinader, todos los sectores políticos, económicos y sociales, se irán incorporando con entusiasmo al proceso global de reformas.
Bajo ese criterio, no sería sano para la democracia, que ningún sector se auto excluya en tan importantes tareas que resultarían fundamentales para consolidar las bases del presente y futuro de la República Dominicana. Todos, especialmente la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, deben participar y fijar claramente su posición, la que sea, pero hay que establecerla con responsabilidad. La población mira y evalúa.
Si alguien tiene otra posición contraria,
racionalmente lógica, que la diga.
El autor es economista, con altos estudios en administración financiera, formulación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, rural, industrial y pymes. En su historial en el sector público se establece que fue Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura y Asesor del Ministerio de Agricultura de Políticas Públicas Agropecuarias. Actualmente es el Director Ejecutivo (HONORÍFICO) de la Fundación Economía & Democracia, Inc., (FUENEDEM).
