EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN LA EDUCACION PREUNIVERSITARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA 1991-2021

 Elaborado por  

Eladio Contreras Reyes

Economista

El Ministerio de Educación, entidad pública regulada por la Ley General Educación No 66-97, del 9 de abril del año 1997, en su artículo 1 establece “La presente ley garantiza el derecho de todos los habitantes del país a la educación. Regula, en el campo educativo, la labor del Estado y de sus organismos descentralizados y la de los particulares que recibieren autorización o reconocimiento oficial a los estudios que imparten. Esta ley, además, encauza la participación de los distintos sectores en el proceso educativo nacional.”

Tiene por misión “Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio”.

El Ministerio de Educación (Minerd), tiene, entre otros, los siguientes objetivos y/o estrategias:

·         “Fomentar la educación como recurso esencial para el desarrollo individual y primordial para el desarrollo social.”

·         “Formar personas capaces de contribuir eficientemente al progreso del país, mediante la creación de una conciencia de nación y la estimulación de la capacidad productiva nacional.”

·         “Dotar de una educación apropiada, gratuita y equitativa a todos los dominicanos, sin exclusiones.”

El artículo 197, referido al financiamiento del sistema educativo oficial, establece lo siguiente: “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI).”

La Ley General de Educación No 66-97, también establece la proporción de gasto corriente o de capital que deberá hacerse.

En efecto, el artículo 198, literalmente dice lo siguiente: “El gasto público anual en educación guardará una proporción de hasta un ochenta por ciento (80%) para gastos corrientes y al menos un veinte por ciento (20%) para gastos de capital. En caso de que los planes de desarrollo educativo del país demanden de mayores inversiones de capital el Estado podrá recurrir al financiamiento o ayuda externa para lo cual se harán las previsiones de lugar.”

En el presente documento, con informaciones estadísticas ofrecidas por el Banco Central de la República Dominicana, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y la Dirección General de Presupuesto, se va a evaluar única y exclusivamente cuál ha sido el comportamiento del gasto presupuestario público en la educación preuniversitaria, a nivel general y agregado, que es la que regula el Ministerio de Educación, a partir de la aprobación de dicha ley.

En una próxima entrega haremos un análisis desagregado y en detalle para evaluar cuáles son los principales renglones del gasto, para poder evaluar la calidad del mismo.

Situación del gasto público en educación preuniversitaria antes de la Ley No 66-97

Para poder evaluar con cierto nivel de objetividad y racionalidad, es aconsejable que se parta del comportamiento del gasto público en educación, antes de la aprobación de la ley 66-97.

Para ello se va a considerar ese gasto entre los años 1991 y 1996.

En el período del año 1991 al 1996, el presupuesto promedio del Minerd, en comparación con el presupuesto general, fue de 7.9%.  En el año 1991 tuvo el menor porcentaje con 5.1%. En el año 1996 tuvo la mayor proporción con 11.4%.

El presupuesto promedio del Minerd, en comparación con el producto interno bruto (PIB), fue de 0.9%.  En el año 1991 tuvo el menor porcentaje con 0.4%. En el año 1996 tuvo la mayor proporción con 1.3%.

 Situación del gasto público en educación preuniversitaria entre los años 1996 y 2000

El presupuesto promedio del Minerd, en comparación con el presupuesto general, fue de 13.2%.  En el año 1997 tuvo el menor porcentaje con 10.6%. En el año 1999 tuvo la mayor proporción con 15.1%.

El presupuesto promedio del Minerd, en comparación con el producto interno bruto (PIB), fue de 1.7%.  En los años 1996 y 1997 tuvo el menor porcentaje con 1.3%. En el año 1999 tuvo la mayor proporción con 2.0%.

Situación del gasto público en educación preuniversitaria entre los años 2000 y 2004

El presupuesto promedio del Minerd, en comparación con el presupuesto general, fue de 11.8%.  En el año 2004 tuvo el menor porcentaje con 8.3%. En el año 2000 tuvo la mayor proporción con 14.9%.

El presupuesto promedio del Minerd, en comparación con el producto interno bruto (PIB), fue de 1.8%.  En el año 2004 tuvo el menor porcentaje con 1.3%. En los años 2001 y 2002 tuvo la mayor proporción con 2.0%.

Situación del gasto público en educación preuniversitaria entre los años 2004 y 2012

El gasto promedio del Minerd en el período 2004-2012 fue del 9% del presupuesto general. La menor proporción fue en el año 2006 con 8.1%. La mayor proporción fue en el año 2012 con 9.9%.  

Con relación a la proporción del presupuesto del Minerd con relación al PIB, en el grafico No 4 se puede apreciar que el gasto promedio del Minerd en el período 2004-2012 fue del 1.7%. La menor proporción fue en el año 2004 con 1.3%. La mayor proporción fue en el año 2012 con 2.1%. 

El presupuesto promedio del Minerd en el periodo 2012-2020, en comparación con el presupuesto general, fue de 17.6%.  En el año 2012 tuvo el menor porcentaje con 9.9%. En el año 2020 tuvo la mayor proporción con 20.7%.

El presupuesto promedio del Minerd, en comparación con el producto interno bruto (PIB), fue de 3.6%.  En el año 2012 tuvo el menor porcentaje con 2.1%. En los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018, tuvo una proporción con 3.6%. El año con mayor proporción de gasto público con relación al PIB fue en el 2020, con 4.5%. Esa alta proporción se puede explicar por la drástica reducción del PIB en ese año (-6.7%).

Para el año 2021, el presupuesto del Minerd representó el 19% en comparación con el presupuesto general. Con relación al PIB fue de 3.5%.

Conclusiones y recomendaciones

La proporción promedio del gasto público en educación preuniversitaria antes de la aprobación de la Ley No 66-97 era un 7.2% del presupuesto general, y de un 0.8% del producto interno bruto (PIB).

La proporción promedio del gasto público en educación preuniversitaria entre los años 1991 y 2021 era un 12.5% del presupuesto general y de un 2.2% del producto interno bruto (PIB).

La proporción promedio del gasto público en educación preuniversitaria entre los años 1996 y 2021 era un 13.5% del presupuesto general y de un 2.4% del producto interno bruto (PIB).

Resulta indudable que el gasto público en la educación preuniversitaria ha tenido un considerable incremento si comparamos el promedio de la proporción del presupuesto del Minerd del presupuesto general y del producto interno bruto, lo que, entre otras cosas, se le pudiera atribuir parcialmente a la aprobación de la Ley 66-97, por un lado, y como resultado de la lucha de las sombrillas amarillas por el 4% a la educación, que, precisamente, pedían el cumplimiento de dicha Ley.

No obstante a la importancia del componente financiero en la sostenibilidad y fortalecimiento de los sistemas educativos, hay que reconocer que los procesos sistemáticos de evaluación, son indispensables para medir el nivel de desempeño, las brechas y avances alcanzados por los estudiantes, en un período de tiempo determinado, y así poder establecer planes de mejoras, en caso de ser necesario.

El Pacto Nacional para la Reforma Educativa de la República Dominicana (2014-2030) establece una serie de pautas y compromisos para lograr una educación de calidad. Entre las estrategias propuestas se destaca: “garantizar la instalación en el sistema educativo de una cultura de evaluación integral, sistemática, permanente y transversal” en dichos sistemas.

Una de las evaluaciones más importantes es la PISA.

El Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos (PISA) es una prueba estandarizada coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que participan países miembros y no miembros de esta organización.

A pesar de que la República Dominicana ocupa el último lugar en la escala de desempeño de los países que participan en PISA, esta evaluación permite tener información valiosa para avanzar en el diseño e implementación de estrategias y programas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

Los resultados más relevantes de PISA 2018 presentados son los siguientes:

·         Una gran cantidad de estudiantes tiene un nivel socioeconómico bajo (54%).

·         La proporción de estudiantes que ha repetido algún grado a lo largo de su trayectoria escolar es considerable (31%).

·         Una alta proporción de estudiantes se encuentra por debajo del nivel de desempeño mínimo indispensable: 79% en Comprensión Lectora, 91% en Matemáticas y 85% en Ciencias.

Tal como se puede apreciar, los resultados de esa evaluación, hay un desempeño que amerita urgentes planes de mejoras.

En tal sentido, lo que procede con carácter de urgencia es que, se retomen las estrategias contenidas en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa de la República Dominicana (2014-2030), con el compromiso de darle mayor efectividad y racionalidad al gasto público en la educación preuniversitaria dominicana.

El autor es economista, con altos estudios y experiencia en administración financiera, formulación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, rural, industrial y pymes

 

 

ANEXOS

TABLA No 1 En millones RD$
DETALLE	1991	1992	1993	1994	1995	PROMEDIO
0206 - MINISTERIO DE EDUCACION	$521.89	$993.64	$1,351.59	$1,744.65	$2,354.17	$1,393.19
PRESUPUESTO GENERAL	$10,185.64	$16,815.23	$20,380.43	$21,374.27	$22,837.74	$18,318.66
PIB GENERAL	$123,426.00	$144,063.30	$162,205.10	$182,840.30	$211,024.60	$164,711.86
RELACION PRES MINERD / PRES GRAL	5.1%	5.9%	6.6%	8.2%	10.3%	7.2%
RELACION PRES MINERD / PIB GRAL	0.4%	0.7%	0.8%	1.0%	1.1%	0.8%
RELACION PRESUPUESTO GENERAL / PIB GRAL	8.3%	11.7%	12.6%	11.7%	10.8%	11.0%

Elaborado por la Fundación Economía & Democracia, con datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central

TABLA No 2 En millones RD$
DETALLE	1996	1997	1998	1999	2000	PROMEDIO
0206 - MINISTERIO DE EDUCACION	$3,012.70	$3,660.82	$5,404.95	$6,981.47	$7,541.51	$5,320.29
PRESUPUESTO GENERAL	$26,398.98	$34,540.08	$39,120.04	$46,279.63	$50,463.66	$39,360.48
PIB GENERAL	$233,833.30	$274,423.90	$311,282.80	$343,745.30	$388,301.90	$310,317.44
RELACION PRES MINERD / PRES GRAL	11.4%	10.6%	13.8%	15.1%	14.9%	13.2%
RELACION PRES MINERD / PIB GRAL	1.3%	1.3%	1.7%	2.0%	1.9%	1.7%
RELACION PRESUPUESTO GENERAL / PIB GRAL	11.3%	12.6%	12.6%	13.5%	13.0%	12.6%

Elaborado por la Fundación Economía & Democracia, con datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central

  

TABLA No 3 En millones RD$
DETALLE	2000	2001	2002	2003	2004	PROMEDIO
0206 - MINISTERIO DE EDUCACION	$7,541.51	$8,472.33	$9,151.04	$9,483.64	$11,780.92	$9,285.89
PRESUPUESTO GENERAL	$50,463.66	$64,312.22	$73,850.01	$93,650.19	$142,062.22	$84,867.66
PIB GENERAL	$388,301.90	$415,520.90	$463,624.30	$617,988.90	$909,036.80	$558,894.56
RELACION PRES MINERD / PRES GRAL	14.9%	13.2%	12.4%	10.1%	8.3%	11.8%
RELACION PRES MINERD / PIB GRAL	1.9%	2.0%	2.0%	1.5%	1.3%	1.8%
RELACION PRESUPUESTO GENERAL / PIB GRAL	13.0%	15.5%	15.9%	15.2%	15.6%	15.0%

Elaborado por la Fundación Economía & Democracia, con datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central

TABLA No 4

En millones RD$
DETALLE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	PROMEDIO
0206 - MINISTERIO DE EDUCACION	$11,780.92	$15,875.84	$17,923.99	$24,323.82	$28,785.17	$31,705.03	$35,266.94	$39,054.05	$50,295.47	$28,334.58
PRESUPUESTO GENERAL	$142,062.22	$189,563.08	$220,618.32	$270,618.97	$340,324.78	$322,785.57	$364,942.37	$398,343.35	$507,717.07	$306,330.64
PIB GENERAL	$909,036.80	$1,020,002.00	$1,189,801.90	$1,458,416.52	$1,661,642.68	$1,736,041.06	$1,983,201.68	$2,210,213.93	$2,386,016.25	$1,617,152.54
RELACION PRES MINERD / PRES GRAL	8.3%	8.4%	8.1%	9.0%	8.5%	9.8%	9.7%	9.8%	9.9%	9.0%
RELACION PRES MINERD / PIB GRAL	1.3%	1.6%	1.5%	1.7%	1.7%	1.8%	1.8%	1.8%	2.1%	1.7%
RELACION PRESUPUESTO GENERAL / PIB GRAL	15.6%	18.6%	18.5%	18.6%	20.5%	18.6%	18.4%	18.0%	21.3%	18.7%

Elaborado por la Fundación Economía & Democracia, con datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central

 

TABLA No 5

En millones RD$
DETALLE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	PROMEDIO
0206 - MINISTERIO DE EDUCACION	$50,295.47	$95,050.00	$105,980.32	$115,531.87	$127,195.19	$142,186.99	$152,330.97	$169,237.80	$201,338.34	$128,794.11
PRESEUPUESTO GENERAL	$507,717.07	$513,192.94	$600,227.57	$798,490.83	$661,184.93	$710,515.72	$810,742.24	$885,942.36	$973,062.12	$717,897.31
PIB GENERAL	$2,386,016.25	$2,619,769.70	$2,925,665.10	$3,205,655.14	$3,487,292.51	$3,802,655.77	$4,235,846.77	$4,562,235.08	$4,456,657.38	$3,520,199.30
RELACION PRES MINERD / PRES GRAL	9.9%	18.5%	17.7%	14.5%	19.2%	20.0%	18.8%	19.1%	20.7%	17.6%
RELACION PRES MINERD / PIB GRAL	2.1%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%	3.7%	3.6%	3.7%	4.5%	3.6%
RELACION PRESUPUESTO GENERAL / PIB GRAL	21.3%	19.6%	20.5%	24.9%	19.0%	18.7%	19.1%	19.4%	21.8%	20.5%

 Elaborado por la Fundación Economía & Democracia, con datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central

 

Estrategia para fomentar la inclusión financiera sostenible del sector agropecuario dominicano

 Elaborado por 

Eladio Contreras Reyes

Economista

La agropecuaria es una de las actividades productivas que está más expuesta a una diversidad de riesgos que le son propios por su naturaleza.

En la actividad agropecuaria, los riesgos más incontrolables son los referidos a la variabilidad meteorológico, y en menor medida, si se cuenta con un adecuado sistema de sanidad agropecuaria, los referidos a plagas y enfermedades, tanto a los cultivos como al ganado.

El riesgo de mercado (o de precios) tiene que ver con la variabilidad en los niveles de precios, generados en mayor medida por los choques de oferta y demanda de los mercados agropecuarios.

Por esas y otras razones, la actividad agropecuaria es percibida de alto riesgo. En tal sentido, todos los actores no agropecuarios, de la cadena de valor agropecuaria, ante esa realidad, generalmente penalizan los precios de los bienes y servicios que proveen a los productores agropecuarios.

Los servicios financieros, evidentemente, no están exentos de esas penalidades a la actividad agropecuaria. Eso se traduce en que generalmente los costos financieros para la actividad agropecuaria, son más elevados que los que se les aplican a las actividades manufactureras, comerciales y de servicios.

A esos y otros riesgos de la actividad agropecuaria, se agregan otros que son más de carácter estructural, y limitan las posibilidades de lograr niveles de producción con perspectivas de rentabilidad.

Resulta indudable que, desde el Gobierno Dominicano, en coordinación con el sector privado, especialmente organizaciones de productores agropecuarios, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, y entidades financieras reguladas, entre otros actores, se han emprendido diversas iniciativas para aumentar la canalización de recursos financieros a las actividades agropecuarias.

Casi todas esas iniciativas de créditos a la agropecuaria, contemplaban facilitar el capital o principal, con la consabida tasa de interés altamente preferencial, muy por debajo de las tasas activas prevalecientes en el mercado, llegando en algunos casos, a concederse a tasas que ni los clientes de menores riesgos crediticios obtendrían en el mercado financiero nacional.

Para el mes de diciembre del año 2020, la cartera de préstamo del sistema financiero nacional era de RD$1,205,980,058,700.00, y las disponibilidades del sistema fue de RD$430,627,946,350.00, equivalente al 35.7% de la cartera de crédito, lo que indica que el problema necesariamente no es de recursos, si no de la falta de facilidades para movilizar una parte importante de esos recursos para el financiamiento de la agropecuaria.

Según el reporte de la Superintendencia de Bancos, la Tasa de Interés Promedio Ponderada a diciembre del año 2020 fue de 13.20%.

Al evaluar esas iniciativas y sus resultados, se puede apreciar un común denominador: las iniciativas no se mantienen una vez se agotan los recursos otorgados por donaciones o préstamos a tasas preferenciales de los organismos de cooperación o del Gobierno Dominicano.

Evolución de la cartera de créditos agropecuarios del año 2016 al 2020

En el período año 2016 al año 2020, la cartera de créditos agropecuarios ha tenido un peso promedio de 1.98% de la cartera total de préstamos. Ese reporte excluye las operaciones crediticias del Banco Agrícola de la República Dominicana.

En el año 2016 el peso de la cartera agropecuaria fue de 2.08%. En el año 2017 subió a 2.12%. Su nivel más, en el período, fue en el año 2019, cuando tuvo una importancia de 1.84% de la cartera total.

En el año 2020 fue de 1.95%.

Hay que dejar claramente establecido, que, las entidades financieras reguladas, no se sienten entusiasmadas en la canalización de préstamos al sector agropecuario.

Eso tiene su explicación, entre otros aspectos, por lo establecido en las normas prudenciales, específicamente en el reglamento de evaluación de activos, REA, que exige una serie de reservas atendiendo la calificación de los deudores. Obviamente que eso encarece significativamente los costos financieros, obligando a las entidades financieras cobrar una tasa activa mayor para poder percibir una rentabilidad similar a los demás préstamos de menor calificación de riesgo.

Para poner un ejemplo, si un deudor tiene calificación CC, la entidad financiera que le otorgue un préstamo, tiene que consignar una reserva de un 20% del monto del mismo. Es decir, esa entidad debe excluir de sus disponibilidades prestables esa suma de dinero.

Entonces, para que esa entidad financiera pueda obtener una rentabilidad igual a la que tendría con un deudor de calificación A, donde el nivel de reserva es de solamente 1%, la tasa de interés que se le cobraría al deudor de calificación C, debe reflejar ese 20% de provisión o reserva que habría que hacer.

Bajo las situaciones antes descritas, las entidades financieras formalizadas, por razones de las normas prudenciales y aspectos legales, se le dificulta realizar operaciones de créditos con esos productores.

Conclusiones y recomendaciones

Ante lo descrito y evaluado a lo largo de este breve escrito, sugerimos una serie de acciones para aumentar la canalización de préstamos hacia el sector agropecuario.

1. Hay que crear un entorno amigable para que el sector financiero privado, incursione en el financiamiento agropecuario. En ese sentido recomendamos el fortalecimiento y diversificación del seguro agropecuario, la constitución de fondos de garantía de préstamos agropecuarios, entre otros.

2. Entre otros mecanismos de políticas públicas, recomendamos evaluar la constitución de un fondo de copago de los intereses de los prestamos agropecuarios, para que finalmente, en cada operación de crédito, el productor pague una tasa de interés similar a la que pague un deudor calificación A, y que la diferencia del interés sea pagada por ese fondo. De esa forma se reduce sustancialmente la distorsión que se genera al otorgársele préstamos por debajo de lo que establece su calificación de crédito, según el reglamento de evaluación activos (REA).

3. Lo más aconsejable en la política global de apoyos directos a los productores agropecuarios, es tratar de hacerlo mediante acciones que sean distorsionante lo menos posible, y que sean transparentes y trazables, en la medida de lo posible.

Seguimos luego.

¿ES CONVENIENTE PAGAR COMPROMISOS FUTUROS POR ANTICIPADO?...PUES….DEPENDE…!!!

 Elaborado por: 

Eladio Contreras Reyes, Economista

En el dia de ayer, jueves 9 de diciembre, el presidente Luis Abinader Corona, anunció al país, la eliminación del peaje sombra, a través de un acuerdo para la terminación anticipada de la concesión de la Autopista de Samaná (Autopista del Nordeste), generando con esa operación, un ahorro al Estado Dominicano, de cerca de mil quinientos millones de dólares.

Hasta ahora, de forma pública no he podido ver cuál era la estructura de pagos futuros que debían realizarse, es decir, los montos exactos de los pagos, y obviamente, el tiempo (número de años)  para el pago total de la referida concesión. 

Para que se pueda evaluar la conveniencia o no de saldar compromisos de pago por adelantado, sencillamente hay que aplicar métodos de descuentos (matemáticas financieras básicas). Mediante esa técnica, todos los pagos futuros se llevan al valor presente, igualados, y así poder determinar la viabilidad de la operación. Veamos:

Imaginemos que alguien tiene un compromiso de pagar RD$1,000.00 anualmente durante 4 años. La suma de los pagos totalizaría RD$4,000.00.

Vamos a asumir que la tasa de descuento prevaleciente es de 6% anual.

Los valores presentes de los 4 pagos anuales de RD$1,000.00 anuales serían:

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	ACUMULADO
PAGOS FUTUROS	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$4,000.00
VALOR PRESENTE NETO (6% tasa de descuento)	$943.40	$890.00	$839.62	$792.09	$3,465.11
DIFERENCIA					-$534.89

Es decir, me resultaría igual recibir RD$943.40 hoy que me ingresaran RD$1,000.00 en 1 año.

RD$1,000.00 que se van a recibir en 3 años, resultarían iguales a que hoy se recibiera la suma de RD$839.62.

Bajo ese razonamiento, con la tasa anual de descuento de 6%, ese flujo de pagos futuros en un período de 4 años, llevados a valor presente (hoy), tendría un valor de RD$3,465.11, arrojando una diferencia de RD$534.89.

Si la persona o entidad a quien le debo la suma antes indicada, me propone que le haga el saldo de la misma de manera anticipada, asumiendo la tasa de descuento antes indicada, de la única forma que yo me animaría a hacerlo, es si el pago para el saldo fuera ventajosamente menor de RD$3,465.11

De lo contrario, no tendría sentido sacrificar mi liquidez presente sin un beneficio presente considerable que me haga efectuar la operación.

Entonces, ante la pregunta que mucha gente se hace de que, si fue conveniente económicamente para el país esa operación, sin todos los datos que me faltarían para esa ecuación, yo, sencillamente diría…depende…!!!

 

 

 

 

 

Evolución reciente de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias en la República Dominicana, 1999-2021

 Elaborado por  Eladio Contreras Reyes,

Economista

El pasado dia 27 de septiembre, el Presidente Luis Abinader Corona, emitió el decreto No 605-21, donde, en el artículo No 1, se derogaron los decretos No 505-99, del 24 de noviembre del año 1999, y el No 569-12, del 11 de septiembre del año 2012.

El artículo 2, textualmente dice: “Se crea la Comisión para las importaciones agropecuarias y estará integrada por:

 a)      El Ministerio de Agricultura, quien la presidirá;

b)      El Ministerio de Hacienda,_____

c)      El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, miembro;

d)      La Dirección General de Aduanas, miembro;

e)      El Banco Agrícola de la República Dominicana;

f)       El Instituto ((Nacional)) de Estabilización de Precios, miembro:

g)      El Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, miembro;

h)      La Dirección General de Contrataciones Públicas, miembro.

El artículo 3, que a nuestro juicio es el dispositivo más importante del referido decreto, textualmente establece lo siguiente: “La Comisión para las Importaciones Agropecuarias queda facultada para que, en un plazo no mayor de 15 dias, elaborar un reglamento que establezca su funcionamiento y los procedimientos a seguir para la adjudicación de los permisos para las importaciones agrícola.”

Es decir, será esa Comisión, integrada de hecho, por los titulares de las entidades públicas indicadas en el artículo 2, la llamada a lo siguiente:

a)      Crear nuevos procedimientos de adjudicación de los permisos.

b)      Continuar y/o mejorar el procedimiento vigente hasta el pasado 27 de septiembre.

c)      Una combinación de nuevos procedimientos y el establecido en el decreto recién derogado, No 569-12.

Habría que ver el impacto final del reglamento que emane de esa Comisión.

Pero primero, como siempre, un poco de historia.

Decreto 505-99

Con el decreto 505-99, según lo establece el Artículo 1, se dispuso la …” política de importación inherente a la Rectificación Técnica de la Lista XXIII de Concesiones Arancelarias sometida por la República Dominicana ante la OMC, para los productos siguientes: ajo, arroz, azúcar, carne de pollo, cebolla, frijoles, leche en polvo y maíz.”

El artículo 2 del decreto, establece lo siguiente: “Se crea una Comisión para las Importaciones Agropecuarias que tendrá la responsabilidad de aplicar la política comercial relativa a los ocho productos de la Rectificación Técnica.”

En el artículo 3 del referido decreto, se dispone que los integrantes de la Comisión son el Secretario de Estado de Agricultura, quien la presidirá; el Secretario de Estado de Industria y Comercio, y el Director General de Aduanas, miembros.

Párrafo.- La Subsecretaría de Planificación Sectorial Agropecuaria de la Secretaría de Estado de

Agricultura ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva de la Comisión.”

El artículo 5 del reglamento, dispone que…” La adjudicación de los contingentes o volúmenes de importación de los productos objeto de la Rectificación Técnica se realizará mediante subastas, de acuerdo al método de Examen Simultáneo de las propuestas sometidas al concurso para la distribución de dichos contingentes.”

El articulo 6 del reglamento establece, literalmente lo siguiente: “Artículo 6.- La Comisión para las Importaciones Agropecuarias deberá:

a) Definir el calendario anual de importación de las cuotas desagregadas para los productos de la Rectificación Técnica, en base a los compromisos establecidos en las negociaciones bilaterales y al comportamiento estacional de cada rubro, y publicarlo en un diario de circulación nacional, en el mes de diciembre de cada año.

b) Preparar un documento técnico descriptivo de la metodología aplicada para elaborar el calendario anual de importación. Este documento técnico, que debe hacerse de conocimiento general, debe contener los factores coyunturales que puedan motivar desviaciones eventuales de la metodología adoptada.

c) Establecer los criterios y mecanismos de coordinación con las instituciones, tanto públicas como privadas, vinculadas directa o indirectamente al proceso de ejecución de los contingentes arancelarios.

d) Asegurar la total transparencia del proceso y la participación abierta de todas las partes interesadas.”

Para darle cierta capacidad de maniobra al Gobierno Dominicano, ante problemas graves de desabastecimiento agroalimentario, el articulo 13, establece literalmente lo siguiente: “Artículo 13.- En los casos de crisis, escasez o déficit en la producción nacional de alguno de los rubros de la Rectificación, la Comisión podrá aumentar el nivel máximo establecido para los contingentes arancelarios, y distribuirlo en las mismas proporciones previstas en el presente Reglamento. Asimismo, la Comisión podrá determinar los casos en que dicho incremento de los contingentes no deberá ir acompañado del correspondiente aumento en los aranceles, según ha sido previsto en el mecanismo de la Rectificación Técnica.”

Decreto No 603-06 

El 7 de diciembre del año 2006, el Poder Ejecutivo dictó el decreto No 603-06, que básicamente su principal propósito fue que cambiar, mediante la inclusión de un nuevo miembro, la conformación de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias.

"Artículo 3.- La Comisión para las Importaciones Agropecuarias estará integrada por el Secretario de Estado de Agricultura, quien la presidirá, el Secretario Administrativo de la Presidencia, el Secretario de Estado de Industria y Comercio y el Director General de Aduanas, como miembros.

Párrafo.- La Subsecretaría de Planificación Sectorial Agropecuaria de la Secretaría de Estado de Agricultura ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva de la Comisión, con el apoyo administrativo de la Unidad de Administración de Contingentes y Salvaguardias de la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA)."

Decreto 569-12

El 11 de septiembre del año 2012, el Poder Ejecutivo dictó el decreto No 569-12. El articulo 1 de este decreto…” establece el Reglamento que rige las pautas para mejorar los procedimientos generales a seguir en la asignación de los contingentes arancelarios de la rectificación técnica.”

En el artículo 2, literalmente dice lo siguiente: “se adopta el procedimiento de subastas públicas para la adjudicación de los contingentes arancelarios previstos en el articulo 5 del decreto 505-99 del 24 de noviembre del año 1999.”

El artículo 3 ordena a la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, la colocación en subastas públicas organizadas por la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana, los contingentes arancelarios de la rectificación técnica.

El párrafo II del artículo 7 del decreto 569-12, instruía a la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, remitir a la Tesorería Nacional, los recursos generados por las transacciones de las licencias no automáticas de importación, en las subastas organizadas por la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana.

Conclusiones

1.      En primer lugar, hay que dejar claramente establecido que los dos reglamentos que estuvieron vigentes hasta el dia 27 de septiembre, los reglamentos establecidos en los decretos 505-99 y 569-12, fueron dictados, evidentemente por el Poder Ejecutivo.

2.      En el artículo 3 del decreto No 605-21, no queda claro, a la firma de quien o quienes quedaría el reglamento que regiría el proceso de adjudicación de los contingentes arancelarios de la rectificación técnica. Eso lo decimos porque, en los dos mencionados decretos ahora derogados, en el mismo cuerpo de los decretos que establecían la conformación de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, se establecían los procedimientos de adjudicación de los contingentes. Entonces habría que ver si además de emitir el decreto de la conformación de dicha Comisión, se dictaría otro indicando el nuevo reglamento.

Recomendaciones

Ya para finalizar, hacemos una exhortación siempre pensando en el fortalecimiento institucional del aparato público, como ente regulador y de fomento de las actividades privadas, que son a su vez, las que les dan objeto a los gobiernos.

En todos los ámbitos de la vida, siempre habrá oportunidades de mejoras.

Hay que evaluar las fortalezas y debilidades del procedimiento que hasta ahora se estaba desarrollando, el de las subastas. Y entendemos que esas evaluaciones deben ir en los aspectos siguientes:

1.  Transparencia y participación. Hay que preguntarse si en los procesos de subastas públicas todos los interesados con capacidad económica tenían igualdad de acceso o no. Si se hacía en la presencia de todos o no. Esa parte es vital que se evalúe con el mayor nivel de objetividad.

2.    Impacto sobre los precios de los productos. Hay que estimar en cuanto impacta los niveles de precios de los productos que participan en las subastas públicas. El mecanismo es sencillo: determinar el costo promedio de los permisos subastados y prorratearlo sobre el volumen transado. De esa forma se obtendría fácilmente el impacto real de las subastas en los precios de los productos.

3.   Impacto en las recaudaciones fiscales.  Tal como lo establece el párrafo II del artículo 7 del decreto 569-12, los recursos generados por las transacciones de las licencias no automáticas de importación, en las subastas organizadas por la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana, deben ser remitidos a la Tesorería Nacional. Sería interesante saber en el período de vigencia del decreto 569-12, cuál fue el monto de los recursos generados.

Por ahora es cuánto.

El autor es economista, consultor en políticas públicas agropecuarias y fortalecimiento institucional de entidades públicas y privadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO, SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA

 Elaborado

Eladio Contreras Reyes

Consultor en Economía,

Proyectos y Políticas Públicas

El Gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado de 2021, que fuera aprobado mediante la ley No 237-20. En el anteproyecto del presupuesto complementario, se verifican aumentos y reducciones de sus partidas presupuestarias a varias entidades oficiales.

 Pero primero un poco de historia.

El pasado lunes 21 de junio, “las principales fuerzas organizadas e instituciones de la sociedad dominicana respondieron al llamado del presidente Luis Abinader, para integrarse a la Mesa de Trabajo por la Crisis Internacional de Precios, como una forma de superar la situación generada por factores externos, principalmente en las alzas de las materias primas.

Durante más de una hora, funcionarios gubernamentales, industriales, empresarios, dirigentes comunitarios e integrantes de los sectores religiosos analizaron el cuadro que presenta la economía del país y la coyuntura de aumentos de precios en artículos de consumo masivo.”

A tales efectos, bajo la coordinación del Ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, se conformaron las siguientes mesas de trabajo:

1.      Mesa Empresarial, lidereada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

2.      Mesa Comercio y Mipymes, coordinada por Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME)

3.      Mesa de la Construcción, dirigida por la Cámara de Construcción

4.      Mesa de Grandes Superficies, coordinada por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC)

5.      Mesa Industrial, bajo el liderazgo de la Asociación de Industrias de la Republica Dominicana (AIRD)

6.      Mesa Social y Laboral, dirigida por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus)

En este breve escrito, sólo nos vamos a referir a los impactos en los precios, producción y comercialización agropecuaria, en este escenario de incertidumbre mundial.

Atendiendo a las recomendaciones y sugerencias para garantizar niveles razonables de producción agropecuaria, que a su vez garantice la estabilidad de los precios y una rentabilidad razonable para los actores de la cadena de valor agropecuaria, especialmente a los productores, el común denominador es que debe incrementarse y mejorarse el gasto publico en el sector agropecuario público.

En términos generales, se sugirieron una diversidad de acciones, que van desde:

a) compra de productos excedentes a precios razonables, por parte de las entidades oficiales que gestionan programas de ventas populares y/o donaciones de alimentos, destinados a la población de menores ingresos (INESPRE, COMEDORES ECONOMICOS, PLAN SOCIAL, PROGRAMAS SOCIALES MINISTERIOS, OTROS);

b) establecimientos a través del gobierno de subsidios parciales o totales para la adquisición de algunos productos de alta demanda en las clases populares (INESPRE, MINISTERIO DE AGRICULTURA, INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, OTROS); 

c) fortalecimiento de los programas de financiamiento a tasas subsidiadas total o parcialmente para la producción agropecuaria (BANCO AGRICOLA y FEDA).

d) fortalecimiento de los programas de preparación gratuita de tierras agrícolas y la entrega de semillas, fertilizantes y los insumos básicos (MINISTERIO DE AGRICULTURA, INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, OTROS)

e) Fortalecimiento de la articulación y coordinación entre las entidades agropecuarias públicas, para que los programas antes descritos se cumplan y no se verifiquen desvíos ni usos inadecuados. Esa coordinación se hará bajo el liderazgo y acompañamiento del Ministerio de Agricultura, el INESPRE, el BAGRICOLA, entre otros, y las organizaciones de productores agropecuarios.

e) Y otras más.

Las acciones sugeridas, implican por obligación, recursos financieros adicionales para el Ministerio de Agricultura, como entidad canalizadora de los recursos a las entidades públicas agropecuarias.

Hacemos esta salvedad, ya que, atendiendo las informaciones publicadas en los distintos medios de comunicación, de las entidades públicas que verán reducidas sus apropiaciones presupuestarias, una de ellas es el Ministerio de Agricultura. 

Considerando la actual coyuntura económica, social, sanitaria y geopolítica, hay que pensar de que se de trata de un error o confusión, que de inmediato será corregido.

Para el presupuesto del año 2021 el Ministerio de Agricultura tenía asignado RD$13,835,081,458. En el anteproyecto del presupuesto complementario se le hace una reducción de 145 millones de pesos.

Todavía se está a tiempo de que, desde el Ministerio de Hacienda se envíe una adenda, o en el caso extremo, en el Congreso Nacional, se incremente el gasto público agropecuario, por su alta importancia en la seguridad y soberanía alimentaria de la República Dominicana.

 

 

ALGO MAS DE…..LECHE….CONCEPTUALIZANDO UN POCO…

Elaborado por

Eladio Contreras Reyes

Consultor en Políticas Públicas 

En los últimos meses, uno de los temas que más repercusión ha tenido en los medios de comunicación, es el de la leche. Se habla de los aspectos referidos a la producción, procesamiento y comercialización. Y no hay que olvidar las famosas importaciones.

Desde mi óptica, el gran problema que tienen los productores dominicanos, en su mayoría, está vinculado a la fase de producción, básicamente en calidad de la leche, costos de producción y los rendimientos de litro de leche/vaca/dia. Hay que resaltar también, que uno de los eslabones más débiles en la cadena de valor de la leche son los productores. Son muchos productores, ante un grupo reducido de procesadores.

Pero no es simplemente el reducido número de procesadores, sino que también existe la posibilidad de abastecerse en el exterior, con leche de igual o mayor calidad, con costos menores, en algunos casos.

Evidentemente que ante la ausencia o debilidades en un sistema de políticas públicas agropecuarios, especialmente el régimen de apoyos e incentivos orientados a superar los aspectos antes descritos, entonces, los actores de la cadena de valor de la leche, cada uno por su lado, como es lo lógico, quiere salir, o con el mayor beneficio ante el actual estado de cosas, o lo menos perjudicado.

Cuando se habla de cadena de valor, se concibe que todos los actores participan en base a un beneficio económico en la fase o subproceso de creación de valor que le corresponde, es decir, desde los insumos iniciales, hasta que llega el producto final al consumidor.

Hay que señalar que esa cadena de valor, será más o menos sostenible, cuando usen como referencia costos y precios competitivos a nivel internacional.

No es verdad que un procesador local se va a sentir a gusto comprando leche en el mercado nacional, con un sobreprecio significativo a los mercados internacionales. Eso es así porque sencillamente le quita competitividad. Eso es independientemente a lo que siempre se dice: que los productores extranjeros reciben subsidios de sus gobiernos.

Eso está muy bien por ellos….y muy mal por nosotros que no somos capaces de otorgarles a nuestros productores, los apoyos que les permitan competir, en las actuales circunstancias.

Si problemático es la gestión de la cadena de valor de la leche en un enfoque tradicional, es decir, donde los actores juegan un rol único en la cadena, el asunto se hace más complejo cuando se dan ciertos procesos de integración.

Es decir, cuando un actor juega más de un rol en la cadena de valor. Un caso típico que se está dando con cierta frecuencia, es cuando los productores primarios incursionan en la fase de procesamiento y posterior distribución.

Volviendo a la cadena de valor tradicional, la racionalidad sugiere que el procesador, para poder ser competitivo, siempre pretenderá tener costos razonablemente bajos en la adquisición de la materia prima principal: La leche.

Cuando se es productor de leche y procesador a la vez, en muchos casos, se pierde el sentido de perspectiva integral del negocio, en el sentido de que, el rol de productor primario de leche induce a que se le pague, o se le quiera pagar, a los productores de leche, un precio que en algunos casos está por encima de los precios del mercado, tanto a nivel nacional, regional, local, y ni hablar, a nivel internacional.

Entonces, en esos casos, la fase procesadora de leche, estaría incorporando unos costos de producción que sencillamente haría muy poco competitivo el producto final. Esa situación a su vez limitaría la generación de ingresos de la procesadora, lo que a su vez limitaría la capacidad de comprarles la leche a los productores.

El análisis es simple: Si el negocio no se gestiona desde el punto de vista de la cadena de valor tradicional, fácilmente se pueden tomar decisiones que a primera vista pueden lucir populistas y desarrollistas, pero que en el mediano plazo, sencillamente son insostenibles.

Queríamos traer a la discusión y análisis este tema de la leche, pero se puede aplicar el mismo razonamiento a las cadenas de valor de los bienes agropecuarios  más importante de la República Dominicana.

Para superar esos problemas…hay soluciones….lo único que falta es….saber buscarlas…!!!!